24/09/2012
SEPARATISMO CATALÁN
NOTA DE LA ASOCIACIÓN DE MILITARES ESPAÑOLES
La actitud del presidente de la Generalidad
de Cataluña y de los miembros separatistas de su Parlamento es
improcedente e inadmisible y no se compadece de ninguna de las maneras
con el deber y la responsabilidad que, como representantes del Estado,
están obligados a observar y ejercer, siendo la principal la de guardar y
hacer guardar la Constitución Española, vigente por la firme e inmovible voluntad del honrado, sorprendido y desconcertado pueblo español.
Los acontecimientos actuales que
se desarrollan en aquella región son el resultado de una pavorosa crisis
económica y otra manifiestamente desastrosa gestión política por parte
de las formaciones que, siendo aquellas que gozan de forma
ininterrumpida de la mayoría, incurren en un delito de alta traición al
mantener de forma voluntaria un sistema de representación electoral que
–contrario al del Parlamento de la Unión Europea
que busca la unión- fomenta la aparición y el asentamiento de los
nacionalismos separatistas al ceder ante su chantaje de votos para
mantenerse en el poder.
Como tal conflicto político de
intereses, tanto españoles como de otros poderes fácticos, han de ser la
más alta Magistratura y los Gobiernos que se benefician de esta
situación los que, por mandato y aplicación de las facultades legales
que la Constitución
les concede de modo irrenunciable, tomen inmediatamente las medidas
oportunas para suprimir cualquier atisbo de secesión sin que,
desgraciado hábito en nuestra Historia, las Fuerzas Armadas se vean en
la irremisible y gravísima tesitura de cumplir escrupulosa y
estrictamente con la misión que la Carta Magna les otorga de garantizar la soberanía, independencia
e integridad territorial de nuestra Patria, sin devolución de la
gobernación a quienes ponen sus intereses de partido por encima de la Nación.
Si así tuvieran lamentablemente
que actuar, no deberá existir la menor duda de que cuantos han
permitido, participado o colaborado en llegar a esta, última pero
reiterada en el tiempo, amenaza de fractura de España, por comisión,
omisión o provecho de sus cargos constitucionales, habrán de responder
con todo el máximo rigor de tan grave acusación de alta traición ante
los tribunales en el ámbito de la jurisdicción castrense.
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